Ideas para la Seguridad ciudadana local: ajustando los enfoques

En breve inicia la campaña electoral municipal y regional. En seguridad ciudadana es de esperarse que las candidaturas traigan sus acostumbradas listas de lavandería: más cámaras, más serenos, más vigilancia, más fierro y más cemento. No faltará alguna «creativa» propuesta xenófoba, ni tampoco quienes eludan sus competencias para limitarse a pedir más polícias en el distrito, que de seguro consideran debe ser declarado en emergencia.

Es cierto que hay brechas por cubrir, pero el fierro, el cemento y el equipamiento no traen resultados por sí solos. Se necesitan enfoques claros que ayuden a que estas inversiones tengan resultados certeros sobre la victimización y, sobre todo, sobre la percepción de inseguridad.

Frente a ello, sostenemos que es posible dar un giro a la manera en que se interviene en Seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. Pero eso requiere abordar el fierro y el cemento desde una mirada estratégica. Si queremos darle sustento desde la literatura criminológica, esto pasa por reforzar el tejido social para generar cohesión y confianza (teorías del control), reforzar los grupos de referencia positivos (aprendizaje diferencial),  recuperar activamente los espacios públicos para desalentar la presencia delictiva (teorías rutinarias y de la oportunidad), y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad formal e informal (teorías situacionales y policiamiento orientado a problemas).

En línea con este sustento y el marco de las competencias de los gobiernos locales, se pueden ensayar algunas ideas:

  1. Recuperación activa de espacios públicos. No basta con mejorar la iluminación y la infraestructura. También es útil explotar el carácter público del espacio. Darle uso para actividades del vecindario, involucrando otras áreas de la municipalidad: deporte, cultura, desarrollo económico, servicios municipales, etc. Se trata de recuperar y organizar el uso del espacio público;
  2. Redefinición de las «zonas calientes» desde una mirada que integre tres indicadores: (a) victimización, (b) denuncia y (c) percepción. La participación activa de los vecinos organizados desde las oficinas de participación ciudadana en coordinación con seguridad ciudadana y las comisarías son centrales para construir nuevos mapas de inseguridad que no se queden solo en lo que se denuncia;
  3. Refuerzo de las redes comunitarias en coordinación con la Policía Nacional. Pensando tanto en los grupos de referencia positivos (clubes juveniles) como en las redes de vigilancia y cuidado (juntas vecinales y redes de cooperantes) que se animan desde las comisarías. En muchas localidades estas iniciativas duplican y se superponen a los esfuerzos municipales, por lo que se debe apostar por articular y asignar recursos a que sean redes muy activas;
  4. Si bien no es competencia directa, los gobiernos locales pueden dar soporte operativo y logístico a los operadores de seguridad y justicia: infraestructura, equipamiento, recursos, etc. para la labor de las fiscalías, así como de unidades especializadas de la Policía Nacional. Esto es importante para desarticulación de bandas de asaltantes y extorsionadores, así como para el comercio ilegal de armas;
  5. Focalizar la labor de Serenazgos en atención de convivencia vecinal. Sus virtudes son la cobertura y la capacidad de respuesta rápida, que debe ser complementada con protocolos de atención con calidez al vecino. Un vecino que ha tenido un problema espera una reacción rápida de sus autoridades, pero también una atención acorde a la tensión y estrés a la que se enfrenta en ese momento;
  6. Integrar los sistemas de emergencia y respuesta rápida. En buena parte de las localidades el recurso operativo de la municipalidad supera largamente al de la Policía. Una opción es poner estos recursos bajo el comando táctico de la comisaría, utilizandolos para detectar emergencias y responder a ellas de manera inmediata. El uso y despliegue táctico de estos recursos hace funcional la adquisición de equipamientos;
  7. Sobre el punto anterior, es clave que el despliegue de emergencia tenga como objetivos complementarios reducir la letalidad de los hechos violentos y disuadir futuros episodios semejantes. En este asunto un indicador operativo clave es el tiempo de respuesta. La reducción del tiempo de respuesta de los sistemas de emergencia deben ser una prioridad al pensar el equipamiento requerido;
  8. Abordar los espacios de informalidad y desorden, pues son centro de atención de otras actividades delictivas. El desorden en espacios como mercados, paraderos, centros comerciales, entre otros, genera oportunidades delictivas: menos presencia de vigilancia, más objetivos alcanzables (celulares, mochilas, otros objetos). Este desorden, además, incide en el temor que tienen los vecinos al acudir a estos lugares;
  9. En línea con lo anterior, es importante considerar las “rutinas” características del territorio distrital. La dinámica de las actividades recurrentes en cada localidad genera incentivos diferenciados para distintos tipos de delitos. Un mapeo claro de estas rutinas y su despliegue en el territorio sirve para definir el emplazamiento del menú de servicios de seguridad local. Esto se puede extender a otras situaciones de violencia, como la interpersonal y la vial;
  10. Observar, priorizar, evaluar, mejorar e innovar debe ser una constante. Todo ejercicio de política pública -y por ende de seguridad ciudadana- necesita un centro de gestión de información y conocimiento que de soporte a la toma de decisiones. No se debe seguir improvisando con la seguridad de los vecinos. Son urgentes planes, directivas, protocolos de trabajo local, articulado con la Policía, Fiscalía, entre otros, pero, insistimos, con una mirada estratégica desde la gestión pública.

Estas son algunas de las varias ideas que se pueden ensayar, y cuya premisa central es no mirar la seguridad ciudadana como un asunto en si mismo, sino en función de nuestra convivencia productiva y pacífica. Sin duda es necesario ampliar las capacidades de los gobiernos locales y para ello se requiere inversión pública. Pero sin una mirada estratégica, difícilmente esto servirá para mejorar la situación que actualmente vivimos. A los ciudadanos, lo que nos toca es mirar lo que nos proponen las candidaturas, y definir si es o no más de lo mismo o si realmente garantizan el camino hacia una convivencia segura y pacífica en nuestros vecindarios.