La narrativa de los últimos gobiernos ha sostenido que las PYMEs tienen un peso importante en la economía nacional. Sin embargo, un aspecto poco visible es el impacto que tiene el crimen y la violencia en su crecimiento y desarrollo. El 27.5% de las empresas encuestadas por el INEI en el 2018, señalaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo durante el año previo. 14 de cada 100 de estas empresas víctimas sufrieron robos y 7,7 tuvieron intentos de robo. 4,8 de cada 100 fueron víctimas de corrupción y 4,5 de extorsión. El 63,8% de estas empresas no denunció el hecho. El principal motivo: lo consideraron una pérdida de tiempo (42,6%). En contraste, casi la cuarta parte de las empresas destinan entre el 3% y el 10% de su gasto total a la seguridad de sus negocios.
La emergencia sanitaria ha llamado aun más la atención sobre la necesidad de atender a este sector económico. Si bien durante los primeros meses la pausa que se dió a las actividades en el país conllevó una reducción general de la victimización, el retorno de las actividades hace visible que esta victimización se mantiene. Ello agrega un doble reto para los pequeños y medianos emprendedores, que no solo deben lidiar contra las dificultades económicas, sino que suman a sus costos y pérdidas las consecuencias del crimen y la violencia.
Aun con ello, el Estado en sus distintos niveles de gobierno cuenta con medidas que, incorporando el enfoque PYME, pueden dar soporte a la reactivación económica de este sector. La incorporación de un enfoque implica precisamente dar importancia y priorizar el trabajo estatal, con medidas acordes a sus necesidades y realidades. Para ello, es posible pensar en cuatro líneas de política:
- Seguridad para la reactivación y crecimiento de las PYMEs, enfocada en la desarticulación de redes criminales que asaltan y extorsionan, así como a la detección y captura de funcionarios corruptos que impiden el adecuado funcionamiento de estos negocios y afectan también su rentabilidad. Para ello es posible y necesario constituir grupos de tarea en los cuales la PNP, el Ministerio Público y los Gobiernos Locales coordinen acciones con las PYMEs, para la atención y pronta respuesta de estos casos;
- Seguridad del entorno en el que se encuentran las PYMEs, que tenga en perspectiva que la seguridad de los barrios y localidades en donde operan negocios (tiendas, restaurantes, etc.) afecta la tranquilidad de sus clientes, trabajadores y proveedores. El temor a ser victima de un delito es una barrera efectiva para que la ciudadanía acuda a estos lugares. El trabajo en ello pasa por potenciar que estrategias como Barrio Seguro y Vecindario Seguro atiendan los espacios públicos cercanos a estos negocios, en alianza con los Gobiernos Locales y los vecinos. Esto no solo pasa por reforzar el patrullaje, sino por recuperar los espacios de manera activa, dando mayor lugar a los emprendimientos locales;
- Desde otra cara de la monede, las PYMEs también aparecen como aliados contra la violencia. Es sabido que la autonomía económica es un factor que limita que las víctimas de violencia doméstica abandonen el espacio violento. En esa línea, desde los sectores responsables de la lucha contra la violencia hacia la mujer ya se viene emprendiendo proyectos que permiten reforzar esa autonomía económica, y cuya visibilidad permite entender a este sector como un aliado estratégico. De otro lado, este tipo de iniciativas es también clave para limitar las trayectorias delictivas individuales, tal como se hace con el trabajo en emprendimientos en centros penitenciarios;
- Una cuarta línea pasa por reconocer la capacidad de las PYMEs para proveer bienes y servicios al Estado. El fortalecimiento y la modernización de nuestra Policía Nacional del Perú ofrece un marco muy interesante para ello. Se han identificado una serie de proyectos que requieren de servicios y bienes que pueden ser provistos por pequeñas y medianas empresas nacionales. Como muestra de ello, entre el 2020 y el 2021 a través del programa MYPerú de PRODUCE se conformaron núcleos ejecutores de empresas de confección, a fin de proveer de uniformes nuevos a la PNP. Este tipo de experiencias se puede extender y potenciar, a fin de inyectar recursos a un sector cuyo trabajo puede abonar a tener una policía mas moderna y eficiente.
Pensar en la incorporación de un enfoque como el tratado requiere considerar la medición de sus avances. Resulta importante que desde la academia y el sector privado se anime la continua medición de la victimización de las PYMEs, así como la estimación de los costos y pérdidas que les representa la inseguridar. Además de ofrecer una herramienta de medición, sirve también como mecanismo de incidencia y seguimiento a los compromisos asumidos en esta materia. En esta línea, es clave reconocer que muchas de estas medidas ya se encuentran en marcha. La apuesta pasa por hacer expreso el enfoque y el esfuerzo, asignando además criterios de seguimiento. Ello apunta a tener en claro si estamos brindando o no los servicios de seguridad que las PYMEs requieren, como sector clave en la economía nacional.