Entre el 2016 y 2021, la asignación presupuestaria del sector interior incrementó en 25%[1]. Hoy, el Ministerio del Interior cuenta con más de S/2 mil millones adicionales para destinar a intervenciones para combatir la inseguridad ciudadana. Por otro lado, a nivel regional y local, la función orden público y seguridad tiene asignada S/2.4 mil millones para el 2021, que sirven, entre otros temas, para fortalecer la gestión local en la lucha contra el crimen.
Si bien existen mejoras en algunos indicadores, como la reducción en la victimización por cualquier hecho delictivo, es importante analizar cómo estos avances conversan con la mayor asignación de recursos. ¿El aumento en presupuesto ha generado las respuestas de política o táctica policial necesarias para reducir, disuadir o investigar los crímenes? La evolución del fenómeno criminal, en particular de los crímenes violentos, cuestiona esta premisa y nos plantea una agenda interesante en materia de calidad de gasto: el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. A continuación, algunos puntos a tomar en consideración.
- Necesitamos definir una taxonomía del gasto en seguridad ciudadana. Sin claridad sobre cuánto estamos gastando, avanzamos a ciegas. El programa presupuestal 0030 es un proxy incompleto, pues no toma en consideración los productos de otros programas presupuestales que están relacionados a la seguridad ciudadana, ni tampoco recursos destinados a la formación de oficiales y suboficiales, inteligencia y contra inteligencia y seguridad y protección que no forman parte de dichos programas.
- El gasto de capital se ha estancado. El incremento en presupuesto se ha concentrado principalmente en cubrir gastos de funcionamiento, dejando relegados los recursos destinados a proyectos de inversión, que este año representan el 2.3% del presupuesto[2]. Esto es clave considerando las brechas existentes en las comisarías: el 39.3% no cuenta con disponibilidad de servicios básicos adecuados y el 56.8% no cuenta con infraestructura adecuada o en buen estado[3].
- Se requiere mejorar la programación de proyectos de inversión. Dentro de la cartera total de proyectos de inversión viables al 2020, se ha identificado 139 que han sufrido una variación por encima del 20% respecto al monto de viabilidad, lo cual ha implicado que el costo de dicha cartera aumentara en S/ 2,719 millones[4].
- Es importante fortalecer la ejecución de proyectos a nivel local. Desde el 2011, el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana (FESC) ha transferido S/739.3 millones al Ministerio del Interior y gobiernos locales para ejecutar proyectos de inversión, de los cuales se ha ejecutado solo el 39%[5]. Además del bajo nivel de gasto, cabe revisar los criterios de priorización del FESC, toda vez que son seleccionados sin fecha de corte y no necesariamente apuntan a cerrar brechas en los lugares de mayor victimización.
No obstante, la calidad del gasto no es un tema solo de gestión. Va más allá de que los proyectos se ejecuten o no. La pregunta central es si las intervenciones que se están financiando, funcionan. Es decir, si la asignación de presupuesto mejora el servicio y si estamos poniendo la plata donde debemos. Y aquí nos enfrentamos a un vacío importante de información para la toma de decisiones. Si bien contamos con diversos instrumentos como políticas, planes y programas presupuestales, existen ausencias significativas en cuanto a la información que alimente el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de estos.
Antes que pensar en gastar más en seguridad ciudadana, debemos empezar por gastar mejor. Para ello, además del acompañamiento técnico a la ejecución del presupuesto existente, es necesario diseñar y probar indicadores y metodologías para la medición, seguimiento y evaluación de instrumentos de gestión en seguridad. Es esencial que avancemos en medir, para mejorar.
[1] SIAF-MEF
[2] Ídem
[3] Datos del Sistema de Información de Unidades Policiales al 2019.
[4] SSI-MEF
[5] https://observatorio.mininter.gob.pe/content/ejecuci%C3%B3n-presupuestal-en-torno-la-seguridad