El sector Interior ha manifestado su interés por reforzar la seguridad ciudadana a nivel local. Es una apuesta más que positiva. El espacio local -el barrio- es buen escenario para prevenir los robos y hurtos, los delitos más extendidos del catálogo y los que generan mas temor. También lo es para enfrentar problemas severos como los que conlleva la violencia doméstica.
Son importantes algunos ajustes y mejoras en el marco con el que ya cuenta el Estado. Es central resolver la disociación entre Vecindario Seguro (estrategia policial) y Barrio Seguro (iniciativa multisectorial). Ambos coinciden en la proyección de proximidad y comunitaria a la inseguridad ciudadana. Un primer camino es definir si la PNP habrá de implementar plenamente Vecindario Seguro. El segundo, determinar con claridad las jurisdicciones de ambas estrategias. Por ahora, la focalización de Barrio Seguro no coincide del todo con la jurisdicción de las comisarías, lo que dificulta integrar la labor policial a la estrategia multisectorial.
Otra apuesta es superar las barreras por las que Barrio Seguro no se expande a otras localidades. Aquí se debe entender que los criterios de focalización de la seguridad, no tienen porque seguir la misma lógica que la del desarrollo. Los delitos son fenómenos bastante distintos que la pobreza o la inequidad. La literatura especializada ha discutido largamente que no necesariamente existe una relación entre los problemas estructurales y el crimen: la pobreza no es una explicación siempre efectiva para la delincuencia. De hecho, las comunidades más pobres son las que más sufren con los delitos y la violencia.
Los buenos resultados que Barrio Seguro ha mostrado en las localidades donde se implementa pueden extenderse a más lugares si se rompen los actuales criterios de focalización. Particular atención merece el criterio por el cual se priorizan los barrios con mayor cantidad de personas en la cárcel. ¿Por qué? Primero, porque es un registro administrativo. Segundo, porque el sistema de justicia tan solo detecta cerca del 10% de los delitos, por lo que procesa y sentencia una cifra bastante menor.
Esto no significa que los barrios focalizados actualmente no necesitan una estrategia de seguridad. Pero, superar estos criterios de focalización y adecuar progresivamente el menú de servicios de seguridad a las necesidades locales, permite dar una respuesta más efectiva para la comunidad. En esto también es importante entender que cada delito tiene una racionalidad distinta: un feminicidio no se explica igual que un robo. Por ende, necesitan estrategias de atención diferenciadas.
Si bien se pueden mencionar otros ajustes, es central el componente policial. Las comisarías deben transitar de la narrativa a la práctica comunitaria. Esta debe dejar de resumirse a las Oficinas de Participación Ciudadana y permear toda la labor comisarial. Para esto se requieren herramientas de gestión, algunas de las cuales ya implementan ciertas comisarías con bastante eficacia: mapas participativos del delito, mecanismos de vigilancia ciudadana, articulación con los actores locales. Pero, ante todo, se necesitan incentivos para que los policías quieran ser destacados en las comisarías (y no solo en las unidades especiales o las zonas de emergencia), y también metas de productividad que no se queden en las capturas y los operativos. Metas que, por ejemplo, involucren a la comunidad en la recuperación de espacios públicos para el uso ciudadano.
La propia familia policial ha definido -en el Perfil Policial Peruano- el interés acercarse a la comunidad. Para materializar esta pretensión y la intensión del sector Interior, se necesitan medidas de gestión que no revisten mayor gasto público -y que más bien mejora su eficacia- y vinculen la gestión comisarial y sectorial a los barrios y vecindarios. Esto responde a lo que, con toda justicia, demanda la ciudadanía: tranquilidad en su día a día.