La semana pasada estuvimos en dos paneles donde -desde distintos enfoques- abordamos la situación de las economías ilegales en la región Andina. Con los colegas de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, conversamos sobre crimen organizado y conflicto. Con el equipo del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Colombia), compartimos algunas ideas sobre Política de drogas y Desarrollo alternativo.
Un elemento común en ambas conversaciones fue la complejidad de trabajar en territorios afectados por economías ilegales.
Se trata de zonas en las que las actividades ilegales que componen estas economías, reconfiguran el orden socioeconómico local, generando a su vez daños severos a distinto nivel. Así, no son negativas por su ilegalidad, sino por constituir un orden que genera severos daños en estas localidades.
Al respecto, a partir de la literatura especializada, es posible plantear tres premisas:
- Que la racionalidad económica de las actividades ilícitas presentes en estos territorios (tala, minería, drogas, etc.) trasciende a su consideración jurídica;
- La ilegalidad no deja de ser un matiz importante: condiciona la forma en que se organizan estas actividades, sus actores, así como los recursos y medios que utiliza, muy en particular la violencia;
- Que su presencia en determinado territorio deriva de una estructura de oportunidad: existen los recursos y los controles son poco efectivos para limitar a los actores interesados en estos;
A partir de estas premisas, es posible plantear algunas ideas que sirven para el análisis de estos fenómenos, así como para pensar las políticas con las que se están tratando de controlar:
- Si no se atiende la racionalidad económica antes que la ilegalidad de las actividades que componen estas economías ilícitas, resulta difícil pensar en que tengan éxito;
- Una ruta para esta atención es incrementar los costos de transacción de lo ilegal, vale decir, hacer más difícil y menos rentables estas actividades ilícitas;
- Siguiendo esa misma racionalidad económica, es necesario equilibrar la intervención para incrementar los beneficios de las actividades económicas lícitas, haciéndolas más atractivas que las ilícitas;
- Es indispensable pensar en las condiciones de seguridad del entorno: la presencia de actores criminales y su recurso a la violencia constituyen importantes barreras para el accionar efectivo del Estado;
Integrando estas ideas, lo complejo de atender los territorios afectados por economías ilegales pasa por el equilibrio que se necesita para transformar una matriz socioeconómica distorsionada por las actividades que en esta se desarrollan. En ese sentido, esperar cuestiones como que el Desarrollo alternativo, la erradicación de cultivos ilícitos, y la mera persecución de redes criminales, actuando desarticulados y por separado, sean la solución esperada. Lo complejo pasa entonces por lograr la presencia integral del Estado en territorios nunca antes atendidos.
Si se miran situaciones específicas como las del Alto Huallaga (que con todas las críticas ha mostrado resultados interesantes) o la bien difundida experiencia tailandesa, se encontrará que el trabajo ha trascendido al desarrollo productivo, pero tampoco se ha limitado al mero control de las redes criminales. Lo que muestran es que una intervención amplia para incrementar la presencia del Estado es lo que ofrece resultados positivos.